LIQUIDACIÓN POR CIERRE

Pasadizo
Las noticias que nos llegan cada día a través de los medios de comunicación sobre los recortes presupuestarios que van aplicando los diferentes gobiernos autonómicos me provocan una especie de escalofrío, de sentimiento de intranquilidad, de angustia premonitoria de lo que nos aguarda.

Durante muchos años, la sociedad española, en algunos casos con el apoyo de los gobiernos de turno, ha ido acumulando un rencor soterrado contra los trabajadores de las administraciones públicas. En el subconsciente colectivo de los ciudadanos ha medrado la idea, publicitada y repetida hasta la saciedad por algunas mentes interesadas, de que lo público es ineficaz y caro, y de que sus trabajadores son castas privilegiadas, que reciben su salario a final de mes por no hacer nada o casi nada.

En estos momentos de crisis, con casi cinco millones de españoles en las listas del INEM, los parados y la gran mayoría de los trabajadores del sector privado se vuelven hacia los trabajadores de las administraciones públicas para recriminarles la estabilidad de sus empleos frente a la incertidumbre laboral en la que viven muchos de ellos. Esa estabilidad lo justifica todo. Si trabajan poco, que cobren poco, o mejor aún nada. Que se vayan a la calle como todo hijo de vecino y que sufran en sus carnes lo que sufren el resto de sus conciudadanos.

Así se ve con buenos ojos el despido de trabajadores – miles de interinos se encuentran o se van a encontrar en breve en el paro- , la rebaja de los salarios de los empleados públicos, la amortización de las plazas vacantes generadas por las jubilaciones y la privatización de muchos de los servicios que desempeñaban esos mismos interinos y jubilados. En algunos casos –como ha sucedido con los profesores de secundaria – incluso se incrementa su horario lectivo, es decir el tiempo invertido en dar clases, difundiendo de forma torticera, que su horario pasa de 18 a 20 horas semanales. Se olvida, con un alto grado de cinismo, que el horario de un profesor no se limita a acudir a las aulas y explicar el tema de turno a sus alumnos, sino que además comporta la preparación de esas clases, la corrección de exámenes, las tutorías, laboratorios y un buen número de tareas adicionales con lo que ese aumento del número de horas lectivas se hace en detrimento del resto de sus tareas y por lo tanto de la calidad de la enseñanza que reciben nuestros hijos.

Pero claro, todo esto tiene un objetivo final, una meta clara y concisa que se nos oculta de forma pertinaz y que nos ocultamos a nosotros mismos, con una notables estrechez de miras, en aras de nuestro presente.

Si bien es cierto que algunos organismos de la administración pública están hipertrofiados y duplicados e incluso triplicados, no es menos cierto que en otros la escasez de medios personales y materiales es alarmante. Esto hace que los servicios prestados a los ciudadanos por la administración no sean todo lo satisfactorios que debieran ser. A nadie nos gusta hacer cola para ser atendidos por nuestro médico, ni esperar angustiosos minutos hasta que aparecen los bomberos cuando nuestros bienes arden por los cuatro costados. Pero no nos paramos a pensar que esto tan sólo se debe a la falta de medios humanos y materiales con los que se dota a estos dos colectivos de la administración, que son un ejemplo extremo de servicio al resto de los ciudadanos.

Entonces aparece esa idea que nos han inculcado a lo largo del tiempo y la tentación es clara: pongamos en manos de empresas privadas el servicio público para mejorarlo y así de paso, nos deshacemos de un buen puñado de empleados ineficaces que viven a nuestra costa.

Pero en ese proceso se introduce un factor de distorsión importante de la labor que las administraciones realizan. Mientras que el único objetivo de la administración es proporcionar al ciudadano un servicio de calidad con la mayor eficiencia posible, para una empresa privada, además de estas premisas aparece la necesidad de proporcionar el mayor rendimiento económico posible a sus propietarios. Y esto es absolutamente legítimo y de ninguna manera criticable. Las empresas privadas no son ONG’s al servicio de la administración, sino que las crean personas que pretenden vivir de los beneficios que éstas generan. Pero claro, cuando hablamos de servicios al ciudadano, lo primero y lo fundamental es ese servicio y no la rentabilidad del mismo. Una empresa privada no puede asumir tareas que en algunos casos suponen una merma de sus ingresos, cosa que una administración pública, cuyo objetivo es y debe ser el servicio al ciudadano si que debe realizar, incluso cuando supone un coste adicional.

Caminamos así a la liquidación de lo público y a su sustitución por la iniciativa privada. Nos aproximamos a una “americanización” de la administración, o más exactamente a una “Chicaguización” que dejaría en manos privadas la mayor parte de lo que ahora gestiona por sus propios medios. Así, la sanidad pública pasaría a ser poco más que un supervisor, gestionando los grupos empresariales creados al efecto los hospitales levantados con el dinero de todos. La enseñanza pasaría, más todavía de lo que ya está, a manos de los entes privados, que no debemos olvidar son actualmente de forma abrumadoramente mayoritaria órdenes religiosas o grupos confesionales, preponderantemente del ámbito del catolicismo más intransigente. Y suma y sigue con el resto.

Debemos reflexionar seriamente si eso es lo que queremos, si ese es el tipo de administración que queremos legar a nuestros descendientes, o por el contrario si lo que pretendemos es dejarles una administración eficaz, razonable y eficiente, que desarrolle su labor con la única mira de satisfacer las necesidades del ciudadano a un coste razonable y con un alto grado de eficiencia, ya que el ciudadano al fin y al cabo es su propietario.

Si optamos por lo primero, no quedará otro remedio que colgar en la puerta de nuestros centros públicos el cartel de LIQUIDACIÓN POR CIERRE y esperar a que poco a poco, la degradación de los mismos impulse a la sustitución en sus tareas por entidades con ánimo de lucro.

¿Es realmente eso lo que queremos? Yo, al menos, no.




Javier García Carratalá

1 comentario:

José Ignacio Sendón García dijo...

Estoy de acuerdo, como no podría ser de otra manera, con todo lo que dices, Javier, pero me gustaría hacer una matización. Es bien cierto que las empresas privadas que gestionan los organismos públicos (o algunos servicios, como el de la limpieza) no son, ni debieran ser ONG. Pero es lamentable que la ley permita que los contratos de esos trabajadores contemplen condiciones tan leoninas como la de que su jornada no incluya fines de semana. Es decir, algunos trabajadores de esas empresas trabajan, como todos, de lunes a viernes, pero sólo cobran por esos cinco días, no por los siete que cobramos el resto de los trabajadores. Me parece simple y llanamente esclavitud. Y la administración, con la excusa de ahorrar costes, no debería consentir semejante canallada.

Ningún trabajador debiera estar sometido a semejante tipo de contrato laboral, pero que aún encima trabajen, aunque sea por medio interpuesto, para la administración, lo hace aún más terrible. Naturalmente, ésa es uno de los motivos por los que la gestión privada es más económica.

¿Eso es lo que quieren los trabajadores de este país? Yo tampoco.